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El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, y el tesorero de la entidad, Pablo Toviggino, aguardan desde este lunes definiciones clave que marcarán el rumbo de su situación judicial. Por un lado, la Cámara Penal Económico debe resolver sobre los procesamientos vinculados a la retención indebida de tributos. Por otro, la Cámara Federal de Casación Penal decidirá en qué jurisdicción debe investigarse la compra de una mansión en Pilar.
Este lunes se cerró el plazo para que las partes presentaran sus argumentos en ambos expedientes, lo que habilita a los tribunales a dictar sus resoluciones, generando gran expectativa en torno a las decisiones que impactarán en el futuro de ambos dirigentes, a tan solo semanas del inicio del Mundial, en el que la selección de Lionel Messi defenderá el título.
El caso más avanzado es el referido a la retención de aportes. A fines de marzo, el juez en lo Penal Económico Diego Amarante procesó a Tapia, Toviggino, a los ex y actuales secretarios generales Víctor Blanco y Cristian Malaspina, respectivamente, y al gerente general Gustavo Lorenzo, por el delito de apropiación indebida agravada de tributos y recursos de la seguridad social, correspondientes a 19.300 millones de pesos que la AFA no pagó dentro del plazo establecido.
Las partes apelaron ante la Cámara para que se revise dicha decisión. Incluso, la Fiscalía solicitó agravar los procesamientos, argumentando que no se consideraron incumplimientos en el pago de publicidad. El tribunal convocó a una audiencia para escuchar a las partes, que fue postergándose hasta este lunes; finalmente, no se realizó y se presentaron escritos. Queda incertidumbre sobre la defensa de Tapia, pues su apelación fue declarada desierta por presentarse fuera de término.
Los jueces de la Cámara, Roberto Hornos y Carolina Robiglio, deberán decidir si confirman, agravan o revocan los procesamientos. En caso de ratificarlos, Tapia y Toviggino quedarían habilitados para ser enviados a juicio oral.
Previamente, Toviggino había solicitado nuevamente el apartamiento del juez Amarante, tras haber sido rechazada su primera petición. Asimismo, ARCA, querellante en la causa, solicitó al magistrado ampliar la investigación por presuntos nuevos hechos de evasión fiscal y posible asociación ilícita en la AFA.
En paralelo, también venció el plazo para presentaciones ante la Cámara Federal de Casación Civil y Comercial en lo Criminal y Correccional en el marco de la investigación sobre la mansión de Pilar. La residencia, con 105 mil metros cuadrados y helipuerto, está registrada a nombre de Real Central, una sociedad integrada por Luciano Pantano y su madre jubilada, Ana Lucía Conte, quienes no poseen la capacidad económica declarada para adquirirla.
Existen sospechas sobre la verdadera titularidad del inmueble: en la casa se encontró un bolso de la AFA y una plaqueta del club Barracas Central con el nombre de Toviggino. Además, en la propiedad había 54 autos de lujo con autorizaciones (“cédulas azules”) a nombre de familiares del tesorero. Se comprobó también que Pantano tenía una tarjeta corporativa de la AFA, con la que abonaba gastos como los Telepase de los vehículos.
La causa estuvo inicialmente a cargo del juez en lo Penal Económico Marcelo Aguinsky, pero la defensa de Pantano y Conte pidió que la investigación se traslade al juez federal de Campana, Adrián González Charvay, solicitud que finalmente fue aceptada. Sin embargo, todos los fiscales que intervinieron consideraron que el expediente debía volver al fuero Penal Económico, y así la causa llegó a la Casación.
El tribunal debe decidir si confirma que el caso siga en Campana o si acepta el planteo del fiscal de Casación Mario Villar, quien sostiene que el expediente debe estar en manos del primer juez federal que intervino, Daniel Rafecas, y a segunda instancia en el fuero Penal Económico, pero no en Campana, donde consideró que el traslado fue irregular.
En caso de que la Casación determine que el juzgado de Campana no debe intervenir, no definirá a qué juez corresponde el caso, sino que ordenará que se emita un nuevo fallo, posiblemente a cargo de la Cámara Penal Económico. Esta resolución será clave, ya que los dirigentes de la AFA, debido a sus vínculos con el peronismo bonaerense, se sienten más cómodos con la causa en Campana.
Cuando el juez Aguinsky tuvo el expediente, planteó la hipótesis de que la mansión fue adquirida con fondos de la AFA mediante una administración fraudulenta. Esa línea fue retomada por González Charvay, quien la semana pasada ordenó realizar un peritaje para determinar el destino real de los fondos de la asociación.